Las deudas de la Justicia
Publicado en Clarín, 31 de agosto de 1997.
Dos figuras del Derecho, la ex jueza María Luisa Anastasi,* la primera mujer en alcanzar esa jerarquía en el país, y el constitucionalista Alberto García Lema,** debaten el presente y el futuro de uno de los tres poderes del Estado en el que la gente menos confianza tiene.
Convertida en el eje de la campaña electoral, la mala imagen de la Justicia argentina es hoy esgrimida como una falla del poder por organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Otra es la óptica del oficialismo. El constitucionalista Alberto García Lema, negociador del menemismo en la reforma de la Carta Magna en 1994 y ex procurador del Tesoro, piensa que se le presta atención a la Justicia porque el Gobierno tuvo éxito en lo económico y las preocupaciones de la gente se desplazaron.
La doctora María Luisa Anastasi, quien fue la primera jueza designada en nuestro país, tiene en cambio una postura crítica hacia la responsabilidad de la administración Menem en la calidad de la Justicia.
–Un reciente sondeo privado indica que el 72 por ciento de la población tiene una opinión negativa del Poder Judicial. ¿La composición de la Corte Suprema influye en esa imagen?
Anastasi: Sí. El origen de la sospecha está en el aumento de los miembros de la Corte Suprema. En los últimos años todas las votaciones (en la Corte) son de 6 a 3 o de 5 a 4, con lo cual predomina siempre la mayoría oficialista. Tenemos un ministro de la Corte Suprema que fue socio del Presidente; otro, que fue socio del presidente del Senado, Eduardo Menem. Todo esto hace dudar a la gente.
–Muchos creen que se trata de una corrupción estructural.
Anastasi: No dudo de que hay jueces extraordinarios y valiosos, pero la vidriera de la Justicia es el fuero penal.
García Lema: El hecho de que la Justicia se convierta en un tema social y de preocupación se debe, paradójicamente, a los éxitos de la gestión de Menem, principalmente en el plano económico. Las demandas sociales atañen a la eficacia de la Justicia y a una demanda de independencia.
–Usted reconoce, entonces, que existe dependencia del poder político.
García Lema: No, yo digo que en la sociedad la demanda es ésa, cosa que ha sido reconocida por quienes intervinimos en la reforma constitucional de 1994. Para mí, la demanda de eficacia es fundamental. Al modernizarse el país la sociedad se ha hecho más compleja, de modo que la sociedad tiene mayores necesidades de Justicia. Esto produjo una sobrecarga de los tribunales. La oralidad y la mediación han significado un avance. Pero la Justicia no está preparada para resolver casos urgentes. Hace unos años el Banco Mundial dio un informe dramático; dijo que no habría que tomar nuevos pleitos por dos años para dar un respiro a los tribunales.
Anastasi: Discrepo, García Lema. No creo que la economía sea un logro ni que haya dejado de ser motivo de preocupación. En cuanto a la oralidad, también creo que es un avance, pero no que sirva para remediar la impunidad que se ha instalado en el país. Estamos de acuerdo en que la eficiencia es fundamental, pero la sospecha de la gente arranca con la designación de los jueces. Tenemos que decirlo claramente: acá el juicio político a los jueces no funciona, está absolutamente sujeto al poder político. ¿Cuántos funcionarios de este gobierno fueron procesados y absueltos por sobreseimiento? ¿Cuántos tienen causas que entraron en el túnel del tiempo? La escuela-shopping, PAMI, el Banco Hipotecario… Carlos Grosso y José Luis Manzano fueron sobreseídos.
–¿Y entonces?
Anastasi: Es urgente que se promulgue el proyecto para el Consejo de la Magistratura, que la Justicia les debe a los argentinos desde 1994. El Consejo prevé el jury de enjuiciamiento a los jueces ineptos.
García Lema: Coincido en la urgencia de aprobar el Consejo de la Magistratura.
Anastasi: Pero ¿cómo hacemos para sacar el proyecto del zanjón en el que está? El Consejo de la Magistratura va a resolver nuestros problemas sólo si se aprueba el proyecto de Diputados, no así el del Senado. El proyecto del Senado quiebra por completo ese equilibrio. Necesitamos el proyecto de Diputados. Pero ¿qué hacen los senadores oficialistas? Como se necesitan los dos tercios de la Cámara, logran postergar el debate para la otra semana.
García Lema: Los senadores deberán analizar los pormenores constitucionales del Consejo antes del vencimiento de las sesiones ordinarias de este año, porque de otro modo se generaría una cuestión constitucional compleja, debido a que ya tiene sanción de ambas Cámaras.
Anastasi: El Senado retiene el proyecto de Diputados. Esa resistencia sólo se entiende como que no quiere perder la posición de mayoría para manejar la Justicia.
García Lema: Señora, a mí también me gusta más el proyecto de Diputados pero hay algunas cuestiones delicadas. La Corte quedará dentro del Consejo en inferioridad frente a los jueces de Cámara y de primera instancia. En el diseño del Senado había dos jueces por la Corte, dos jueces por las Cámaras y dos por los jueces de primera instancia: es decir las tres grandes instancias estaban representadas. En el proyecto de Diputados, por la presunción de una Corte adicta, va a quedar configurado un Consejo en el que ésta tendrá menos representación que las otras dos instancias. Este no es un problema menor.
Anastasi: Claro que no. Significa que la Corte perdería su influencia. Por algo usted, que tiene prestigio profesional, prefiere el proyecto de los Diputados.
García Lema: No, yo prefiero ése porque es el más consensuado entre todos los partidos políticos.
Anastasi: Hablemos claro. Tenemos una Justicia adicta, que comienza por la cabeza, la Corte Suprema, donde un magistrado se jacta de su amistad con el Presidente.
García Lema: Pero usted coincidirá en que hay momentos en la vida de un país cuando, a causa de una transformación grande, lo que está en juego no es ser o no adicto sino tener afinidad con una idea que lleva adelante el poder político. El presidente Raúl Alfonsín designó a los cinco miembros de la Corte.
–No es un caso comparable. El país emergía de una dictadura.
Anastasi: Alfonsín no designó a un amigo ni a un socio de Chascomús.
García Lema: Pero si hablamos de Carlos Menem, la ampliación de la Corte fue hecha por un gobierno legitimado en cuatro elecciones nacionales.
–¿Usted sugiere que el poder político necesitaba esa Corte para, por ejemplo, las privatizaciones?
García Lema: Los fallos divididos a los que aludía al principio la doctora fueron cuestiones institucionales de envergadura, como la privatización de Aerolíneas, la constitucionalidad de ciertos decretos de necesidad, la emergencia económica y previsional. Las diferencias de mayoría se han marcado sólo en esos asuntos.
–La justicia federal es otra de las zonas de baja credibilidad.
Anastasi: Hubo un vaciamiento concreto de la justicia federal. Se repartieron ascensos con el fin de que entraran jueces adictos al oficialismo. Yo me quedé pasmada cuando el juez del caso AMIA, Juan José Galeano, a su regreso de Venezuela, donde viajó en busca de revelaciones impactantes, fue directamente a Olivos a reportarle al Presidente. Me dije: «Ya no existe la división de poderes y yo tengo un esquema viejo de la Justicia». He visto la justicia de numerosos gobiernos militares, pero hasta la Corte de la dictadura tuvo un gesto de independencia cuando falló en el caso de Jacobo Timerman.
García Lema: No vamos a reivindicar ahora a la Corte Suprema de Videla. Yo no creo en un sistema de corrupción ni en los problemas globales. Creo que hay que analizar causa por causa para abrir opiniones, cada expediente puede ser auditado. Los jueces, sobre todo los penales, tienen responsabilidades muy serias. Tienen en sus manos la libertad y el honor de las personas. De otro modo pasamos a un sistema de falta de garantías individuales. Y sabemos por experiencia que eso significa, sencillamente, el terrorismo de Estado.
Anastasi: Lo que dice García Lema está muy bien. Pero no soy yo quien se queja. Han venido nuestros amigos estadounidenses, con quienes tenemos relaciones carnales, a quejarse por la falta de transparencia y la inseguridad jurídica.
García Lema: Quiero insistir en que realmente creo en la urgencia del Consejo de la Magistratura, porque el jury de enjuiciamiento va a ser fundamental.
–¿Eso va a acabar con todos los problemas de la Justicia argentina?
García Lema: Con todos, no, porque siempre existirán el bien y el mal.
–No me refiero a los problemas metafísicos sino a la institución judicial.
García Lema: La lucha por la Justicia es también metafísica, es un anhelo de la Humanidad. Con su poder disciplinario sobre los jueces el Consejo de la Magistratura va a contribuir a la transparencia y a quitar el velo de la sospecha.
–De manera que el jury de enjuiciamiento se va a pasar una temporada reparando designaciones inadecuadas.
Anastasi: Es la única forma de remediar la Justicia actual. ¿Qué pasó con el juez Trovato, que compró el departamento de 700 mil dólares y tuvo el tupé de decir que había escriturado por 300.000? ¿Usted tuvo alguna otra noticia de su expediente?
–Un joven que robó una camiseta de fútbol tuvo cinco años de cárcel. Ni Matilde Menéndez ni Grosso ni Manzano fueron condenados.
García Lema: Es que si empezamos a dar nombres sin tener en cuenta el curso del proceso, caemos en otro problema. Reemplazamos la presunción de inocencia por la presunción de sospecha, de manera que una persona llega a ser condenada socialmente aunque en su causa no existan elementos probatorios.
Notas:
* María Luisa Anastasi tiene el recuerdo de una buena cantidad de Cortes Supremas, en el largo período de dieciocho años que va desde la segunda hasta la tercera presidencia de Juan Perón.
Fue la primera jueza del país, nombrada, en el fuero civil, en 1955 por el régimen de Pedro Eugenio Aramburu.
Los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia confirmaron su designación.
Permaneció en la Cámara Civil hasta diciembre de 1973, cuando no fue ratificada por el gobierno de Juan Perón.
Al abandonar la Justicia pública, regresó a su profesión de abogada, sin sospechar, dice, que iba a depararle tantas gratificaciones.
Define la situación actual de la Justicia como «un escándalo sin precedentes».
