La justicia y los políticos miden sus tiempos. El debate constitucional es complejo, pero la crisis tiene su lado positivo.
Publicado en El Cronista, el 7 de septiembre de 2000.
Cualquier solución constitucional al problema actual del Senado debe partir del reconocimiento de la tensión que existe entre los tiempos de la justicia y los tiempos de la política.
Los tiempos de la justicia son, de por sí, lentos, porque imperan una serie de garantías constitucionales en resguardo de toda persona acusada penalmente por la comisión de delitos. Entre ellos, el principio de inocencia, según el cual un imputado es inocente hasta que una sentencia definitiva disponga su culpabilidad; la garantía del debido proceso, que implica el cumplimiento de los trámites necesarios para probar los hechos, determinar los grados de participación y la graduación de las respectivas responsabilidades, en un marco de sucesivas instancias establecidas por la ley para asegurar la intervención de varios jueces (afianzando así la independencia judicial); también la inviolabilidad de la defensa en juicio de los acusados.
Otros son los tiempos de la política. Los órganos del poder deben funcionar todos los días -o al menos en gran parte de cada semana (excepto en el receso legislativo o judicial)- y en nuestra época actual su actividad se asienta en una legitimidad que proviene no sólo de la elección popular, sino de un diálogo y correspondencia con la opinión ciudadana (que es medida permanentemente por diversas encuestas).
La crisis actual del Senado acentúa la colisión entre ambos tiempos, y esto ocasiona consecuencias institucionales. Resulta entendible, por un lado, que los senadores no deseen adoptar ningún gesto que pudiese implicar -siquiera tácitamente- un reconocimiento de la realidad o la participación en el soborno imputado. Pero también es cierto, por otro lado, que la situación trae aparejado un debilitamiento político en el accionar de las mayorías y minorías en el cuerpo, no sólo por los posibles desafueros sino por una actitud de sospecha hacia cualquier comportamiento del justicialismo respecto de proyectos de leyes promovidos por el gobierno, ya sea que adopte una actitud más confrontativa o que revele una mayor predisposición a realizar acuerdos parlamentarios.
Desde este marco político cabe afirmar que no existen fáciles soluciones constitucionales para la crisis. En primer término, existe una protección constitucional del período de mandato de cada legislador: ello significa que cualquier salida debe pasar por un previo gesto de renuncia de los senadores a sus cargos. En segundo lugar, hay suplentes para los senadores con mandatos de seis y tres años (electos en 1995 y 1998), pero no para el tercio de la cámara que tiene mandatos de nueve años (elegido en 1992); si se analiza el reemplazo integral del cuerpo también deberían renunciar los suplentes (que obviamente no están afectados por los eventuales hechos).
Una solución política que postule la renovación integral del cuerpo, por elección popular, tiene la ventaja indudable de la oxigenación que importaría para el funcionamiento institucional: en el sistema democrático, las crisis se resuelven mejor con más democracia (es decir, por el voto) y no con menos democracia. Aquí median dos escenarios posibles: la elección de senadores para completar el período (sus mandatos caducarían el 10 de diciembre del 2001); o anticipar las elecciones generales previstas para octubre del 2001 (en la cláusula transitoria 5ta. de la Constitución).
La primera de estas alternativas resulta posible si, por un previo acuerdo, las fuerzas políticas deciden que las legislaturas provinciales -a quienes corresponden elegir a los senadores durante el período de transición, por aplicación de la cláusula transitoria 4ta.- respetarán los resultados de los comicios que se realicen en cada provincia, para designar dos senadores por el partido de la mayoría y uno por la minoría. Repárese, que si las legislaturas provinciales designaran nuevos senadores para esa transición, sin comicios previos, se presentaría la anomalía política que sus actuales composiciones pueden diferir sustancialmente con las que eligieron a los senadores.
La segunda de las alternativas es más problemática. Una elección anticipada -a la prevista para octubre del 2001- integraría el Senado en una fecha de celebración de comicios que quedaría descoordinada, en el futuro (adviértase que el nuevo Senado, con mandatos de seis años, renovará por tercios en sucesivos bienios), con la de elección de otras autoridades nacionales: nada menos que con la de presidente y vicepresidente de la Nación, quienes inician sus mandatos también un 10 de diciembre (cláusula transitoria 10ma y arts. 91 y 95 de la Constitución); para corregir los efectos de esta circunstancia debería realizarse una nueva reforma de la Constitución.
Como puede apreciarse, según anticipara, no existen soluciones sencillas para la crisis que aqueja al Senado. Aún así cabe continuar aportándose ideas y propuestas que permitan destacar los aspectos positivos de dicha crisis, es decir, la búsqueda de un desenvolvimiento de nuestro sistema democrático, que respete en mayor grado las exigencias públicas de ética y transparencia en los comportamientos políticos. De otro modo, el accionar de ciertas dirigencias continuará generando rechazos, desencantos y críticas profundas en la opinión ciudadana.
