El cambio de Constitución debe ser total
Publicado en Tiempo Argentino, 3 de septiembre de 1986.
Cuando se aborda el problema de la reforma de la Constitución deben plantearse inicialmente dos interrogantes: ¿es necesaria o conveniente una reforma de la Constitución?; en caso afirmativo, ¿ella debe ser parcial o de naturaleza total?
Entiendo que la posición del justicialismo renovador será postular una reforma total de la Constitución, como lo anticipa la existencia de proyectos presentados en la Cámara de Diputados de la Nación por legisladores de esa bancada y por declaraciones efectuadas por sus principales autoridades.
Por reforma total de la Constitución debe ser entendida una modificación del proyecto nacional que la inspira y no una reforma efectiva de todas sus cláusulas. En tal sentido, se concibe a la Constitución como un plan o programa que contiene fines a obtener de modo progresivo mediante la acción de los poderes del Estado, que se organizan por ella del modo más conveniente para lograr las finalidades propuestas.
El justicialismo, ya durante el proceso que culminó con la reforma de 1949, entendió que el programa de la Constitución de 1853 había agotado su ciclo, al entrar en crisis en 1929 y luego concluir definitivamente el orden mundial al que dicho programa se hallaba asociado.
En su reemplazo, propuso un nuevo proyecto nacional que inspiró a la reforma de 1949, con lineamientos similares a los que adoptaban en ese momento las constituciones de posguerra de las principales naciones de Europa, tales como Francia, Italia y Alemania Occidental, entre otras, con arreglo a las nuevas circunstancias históricas mundiales y contemplando una proyección histórica de varias décadas.
Mientras tales naciones recorrieron un ciclo constitucional que aún perdura y que contribuyó a la estabilidad política, al importante desarrollo económico y al progreso social registrado en los últimos cuarenta años, en nuestro país la derogación de la Constitución de 1949 favoreció a que en ese lapso de tiempo se operaran resultados diametralmente opuestos. Así, se impuso la inestabilidad política, las dificultades acaecidas en nuestro desarrollo económico que culminaron en la abrupta decadencia de la última década, y una regresión social sin parangón.
Encarar ahora un proceso de reforma total de la Constitución importa elaborar un nuevo proyecto para el futuro, significa percibir las grandes tendencias que se registran actualmente en el mundo y su probable evolución en las próximas décadas a fin de que nuestra Nación pueda reinsertarse en la historia, reiniciando un desarrollo económico acelerado y un progreso social que permita llevarla nuevamente a ocupar un lugar destacado en el ranking de países.
Ese proceso de reforma requiere a mi juicio adoptar una metodología de trabajo que lleve a obtener un triple acuerdo: político, federal y social.
El acuerdo político debería obtenerse antes que el Congreso Nacional decida la convocatoria a una convención constituyente, para lo que se requiere el voto de los dos tercios de los miembros de cada cámara. Ello supone que los dos grandes partidos que protagonizan la vida nacional, sin perjuicio que se extienda o participen del mismo otras fuerzas menores, concuerden acerca del carácter de la reforma (total o parcial) y acerca de las principales ideas que la inspiren.
Si se comprende que una constitución ha de regir la vida de varias décadas por venir parece claro que los fundamentos del régimen político, económico, social y cultural que se adopte, y que han de conformar su programa, se encuentren más allá de los avatares de las luchas coyunturales.
Obtenido un acuerdo político que precise el gran marco de la reforma, será conveniente postular un nuevo pacto federal si se resuelve modificar aspectos substanciales de nuestro federalismo a fin de corregir los desequilibrios estructurales que registra el país. Las provincias son las que deben examinar, porque a ellas les atañe primordialmente, si es conveniente crear entidades o entes regionales que coordinen parte de sus actividades a fin de fortalecerlas económicamente. Es en este contexto, al examinarse los instrumentos más aptos para lograr un mejor equilibrio regional, que debería estudiarse la propuesta gubernamental del traslado de la Capital.
Por último, parece conveniente someter los resultados del acuerdo político a la consideración de los sectores sociales más significativos en las áreas de sus respectivos intereses. Los fundamentos del régimen económico y social de la nueva constitución deberían concertarse con la CGT, como representante de los trabajadores organizados; y con las entidades de la producción. En materia religiosa, cultural y educativa cabría acordar con la Iglesia, y con otros sectores sociales interesados en dichas materias, las innovaciones que se propongan. Lo esencial es conseguir el más amplio consenso social que fuere posible, a fin de asegurar la vigencia efectiva de la reforma y la estabilidad futura del nuevo sistema.
