Diálogo y consenso
Artículo publicado en La Nación, el 9 de abril de 2009.
En una coyuntura signada por la actividad de las organizaciones armadas, en diciembre de 1973, Juan Perón y Ricardo Balbín iniciaron un diálogo político para fortalecer la democracia y diseñar una reforma constitucional, siguiendo el modelo de la Constitución de Francia de 1958, que implementó un sistema semiparlamentario. Además, Perón rescató –en su discurso del 27 de junio de 1973 y en el acto del 1° de mayo de 1974– la legitimidad democrática y exaltó a los partidos políticos. Ocurrida su muerte, Balbín, al despedir sus restos, reivindicó a su antiguo adversario, al espíritu de diálogo y de consensos institucionales.
Raúl Alfonsín fue heredero de esas elevadas intenciones, que habían quedado truncas por largos años de represiones políticas y sociales, y el terrorismo de Estado que signó al último proceso militar. Al afrontar la contienda electoral de 1983, colocó a la democracia como el valor más alto de legitimidad del poder, la entroncó con la tradición de «reforma moral» del yrigoyenismo, y afirmó la defensa de los derechos humanos, pisoteados en aquel proceso. Su victoria sobre el justicialismo, hecho inédito hasta ese momento en los comicios libres, ocasionó a éste una profunda crisis, que habría de servir para impulsar cambios sustanciales.
Un primer aporte consistió en que su prédica política ayudó a «separar las aguas» en el justicialismo. La corriente interna que fundara en el radicalismo –Renovación y Cambio– fue fuente inspiradora del surgimiento de la «renovación justicialista», en tanto se entendió que el mismo proceso podía reproducirse en el seno del peronismo. Creada la «renovación justicialista», progresivamente quedaron fuera de la conducción partidaria sus líneas ideológicas extremas, de derecha e izquierda, y los lazos existentes con resabios del poder militar. Así contribuyó a la institucionalización del partido justicialista, como fuerza claramente democrática.
La política de Alfonsín por los derechos humanos, inspiradora de los juicios y condenas a las juntas militares, prendió en un justicialismo renovado. Ambos factores lo alinearon enérgicamente en defensa de las instituciones democráticas en los conatos militares de la Semana Santa de 1987 y en los años posteriores, desoyendo toda complicidad con eventuales golpes de Estado.
El tercer aporte del gobierno de Alfonsín consistió en el amplio debate sobre el problema de la vigencia de las instituciones democráticas, que impulsó el Consejo para la Consolidación de la Democracia y que concluyó en varias recomendaciones a favor de una reforma constitucional. El justicialismo renovador acudió a ese debate, desde 1986, y descartando las opiniones que pretendían un retorno a la Constitución de 1949, ya considerada superada en la nueva época por el propio Perón en 1974; pero reafirmando sus ideales federales, con proyección en regiones económicas y sociales volcadas a la integración con países vecinos, poniendo el acento en los contenidos económicos y sociales de una Constitución reformada, sintetizados luego en su texto en los fines del «desarrollo humano» y del «progreso económico con justicia social».
Una cuarta contribución, derivada del diálogo institucional que se desarrolló entre el radicalismo y el justicialismo renovado, que sentó ya en 1988 las bases de esa reforma constitucional, fue preconizar una transformación en las máximas instituciones del Estado que permitiera acotar el tradicional personalismo de la política argentina. Ese fue el mérito de Alfonsín, en 1993, al consensuar con el presidente Menem una reforma que tuvo grandes alcances en sus contenidos, por los acuerdos previos y la amplia obra de la Convención Constituyente de 1994, al evitar el riesgo de otra reforma centrada en la reelección presidencial.
Desde aquel momento, más allá de los avances alcanzados, muchas cosas han sucedido en los últimos quince años que no siempre significaron logros para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones políticas y la democratización del justicialismo, y que resultan temas pendientes.
Así, no se ha obtenido la deseada atenuación del presidencialismo, y ello ha impedido acrecentar tanto la influencia del Congreso nacional, como la autonomía provincial y municipal. El gabinete de ministros y el jefe de Gabinete tampoco han cumplido con todos los roles previstos en la Constitución; ni siquiera para las situaciones de crisis, como la que abatiera a la presidencia de Fernando de la Rúa.
Los partidos políticos tienen, en general, un proceso de democracia interna insuficiente. No se han actualizado de modo significativo las cartas orgánicas partidarias para dar mayor juego a las diversas minorías; por ejemplo, no se mejoró la representación interna o la selección de candidatos a cargos electivos, al adoptar un régimen de representación proporcional similar al que rige la elección de la Cámara de Diputados. Se ha retrocedido también en la implementación de internas «abiertas». Al carecer los partidos de canales adecuados para una mayor democracia interna, se han multiplicado las rupturas en su seno y la proliferación de fuerzas políticas, especialmente en el nivel local, que puede llegar a dificultar la gobernabilidad.
Por otra parte, la articulación entre la política y la economía está afectada, entre otros motivos, por encontrarse incumplido en exceso el mandato constitucional de sancionar una nueva ley de coparticipación tributaria entre la Nación y las provincias; ni se debate en ese marco el desarrollo de regiones económicas y sociales, que se articulen con los países vecinos.
El programa consensuado en la Constitución reformada reconoce, pues, muchos temas a abordar, que sólo fueron someramente enunciados. Un debate y diálogo político dirigido a perfeccionar nuestras instituciones, a la vez que se extienda a las materias económicas implicadas en la crisis global que afecta al mundo y que amenaza al país, como al rol del Estado para enfrentarla y proteger a los sectores sociales más humildes, traerá sin dudas nuevos avances a la democratización del justicialismo.
En definitiva, la actuación política del doctor Raúl Alfonsín ha sido, por un lado, fuente de inspiración para el justicialismo y, por otro lado, como figura principal del radicalismo, un factor decisivo para democratizar las instituciones patrias. Luchar para consolidar lo ya logrado, elaborar nuevos consensos y concretar las asignaturas pendientes es el desafío por afrontar y que hará honor a su legado.