Introducción Testimonial a Artículos de la década de 1970
Cuando redacté la “Reforma por dentro” hice una breve referencia, al mencionar las fuentes mediatas de la reforma constitucional de 1994, a lo sucedido en los años 1973/74, durante el período constitucional y democrático que estuvo liderado primero, y luego presidido, por Juan D. Perón -continuado a su muerte (el 1º de julio de 1974) por su esposa Isabel Martínez hasta el golpe militar del 24 de marzo de 1976- poniendo énfasis en las reuniones y los diálogos mantenidos por Perón en aquellos años con Ricardo Balbín, entonces jefe de la principal oposición –la UCR-, que implicaron avanzar hacia una posible reforma constitucional.
No hice allí mención a los que fueron mis primeros artículos en esa materia, publicados en el diario “El Cronista Comercial” y en la revista “Criterio”, algunos de los cuales incluyo en este sitio web, porque requerían explicaciones previas sobre mi formación juvenil y actuación en las décadas de los ’60 y ‘70, que ahora decido incluir en estas páginas con un carácter predominantemente testimonial.
Mis primeras vivencias políticas estuvieron influidas por los hechos que mi padre –un autodidacta de gran cultura aunque con estudios solo de nivel primario- fuese simpatizante del partido socialista y bibliotecario de la sociedad “Luz” (un gran centro cultural en el barrio porteño de barracas en los años ‘20) donde conoció a sus dirigentes más importantes; mientras que mi abuelo materno, también muy influyente en mi formación, un industrial maderero con participación en los inicios de la Unión Industrial Argentina, adhería al radicalismo; siendo ambos (al igual que el resto de mi familia) antiperonistas acérrimos. De modo que esas impresiones políticas influyeron en un escolar que ya se sentía incómodo en escuelas oficiales con una enseñanza primaria dirigida por el partido justicialista de gobierno y, por ejemplo, con la imposición como lectura obligatoria del libro “La razón de mi vida”, dedicada a la obra de Eva Perón. No resulta extraño, entonces, que el recuerdo político más significativo de mi infancia haya sido la revolución militar de 1955, que derrocó al presidente Perón en su segundo gobierno constitucional, y todavía me resuenan los acordes de la marcha de la “libertad”, no solo por el canto de sus estrofas sino por los golpes propinados en una mesa como acompañamiento.
La enseñanza secundaria, recibida en un colegio salesiano, Santa Catalina, no me despertó interés especial por la situación política de país, pero sí sirvió –por los excelentes profesores que tuve- para acrecentar mis lecturas históricas realizadas desde muy temprano por propio placer, bajo la forma de biografías, novelas de ese carácter u obras dedicadas a diversas épocas de la humanidad, y en particular a la historia de nuestra nación desde sus antecedentes coloniales hasta la época contemporánea. Así la historia fue la base de mi formación, mucho más que los estudios escolares de teología y filosofía que también se impartían con amplitud; a punto tal que estuve a punto a elegir historia (incluido mi gusto por la antropología) como disciplina para los estudios universitarios, pero preferí el estudio del derecho, por sus mayores vínculos con los fines de la doctrina social de la Iglesia cuyo ejercicio implicaba poseer un campo profesional más amplio.
Debo al profesor y gran intelectual católico Carlos Alberto Floria -de quien fuera alumno en Historia de las Instituciones Argentinas, en el Ciclo Básico de la Facultad de Derecho, en la Universidad de Buenos Aires, en la década de los ’60- el acceso a un conocimiento muy superior de la historia argentina al proporcionado en la escuela secundaria, e incluso mi iniciación en la Filosofía de la Historia con su indicación de leer asiduamente al gran autor inglés Arnoldo Toynbee, entre otros. Luego de concluida esa materia, Floria, en un gesto de gran generosidad, me consideró una suerte discípulo suyo y me abrió sucesivas puertas académicas. En primer término me transformó en ayudante de sus clases de historia argentina desde el año siguiente en que nos conocimos, de modo que tuve la oportunidad de dictar clases desde mi primer año en la carrera hasta el momento en que me recibí de abogado. Luego, me designó adjunto en Derecho Político que encaraba desde la más moderna perspectiva de la Ciencia Política. Más tarde, me convocó para el Doctorado en Ciencias Políticas que dirigió en la Universidad del Salvador, en la materia Historia de las Ideas Políticas. Y, en paralelo, me permitió escribir artículos en la Revista Criterio –máxima expresión del pensamiento católico liberal en esa época, que contaba con la conducción de un teólogo de alta formación, el Padre Rafael Braun- en la que Floria escribía regularmente editoriales sobre la situación política nacional. De mis contribuciones a esa revista he elegido los artículos seleccionados para este sitio web.
Los estudios de historia de las instituciones argentinas y de ciencia política me condujeron al derecho constitucional, y también soy deudor de Germán Bidart Campos, quien me permitiera desde muy joven recorrer las distintas instancias de la carrera en su cátedra (y en el Instituto de Derecho Público) hasta ser Profesor Adjunto, y ello a pesar de mi evolución política hacia el justicialismo, que respetó cuidadosamente pese a su notoria convicción ideológica antiperonista.
Esta última observación me obliga a explicar –lo que es necesario dado el tenor de varios artículos de la década del ’70 incluidos en este sitio web- cuando y cómo se produjo mi pasaje de joven de formación liberal a adherir al justicialismo. Hubo ese momento y espacio en el Movimiento Humanista de la Facultad de Derecho, de la que me tocó ser como alumno uno de sus directivos y luego en la Liga Humanista de toda la Universidad, cuando sucesivos rectorados respondieron a esa posición.
Allí advertí que era imposible acceder a un sistema plenamente democrático, con el justicialismo proscripto. Así, en la presidencia de Arturo Frondizi, derrocado como consecuencia de haberlo habilitado a concurrir a elecciones y la victoria electoral del justicialismo en la Provincia de Buenos Aires; el golpe militar y la solución cuasi civil del presidente Guido; el nuevo golpe militar llamado de la “Revolución Argentina” que derrocó al gobierno del presidente radical Arturo Illia por intentar nuevamente habilitar al justicialismo para concurrir a elecciones. Tuve, en este último caso, una percepción directa de la planificación del golpe de Onganía, ya que casi un año antes de su concreción en junio de 1966, es decir hacia mediados de 1965, un consultor del ejército nos reunió, en un anfiteatro, a la máxima dirigencia de la Liga Humanista y nos planteó la inevitabilidad de ese golpe y que la autonomía de la Universidad de Buenos Aires dependería de si la Liga colaboraría o no con el gobierno militar: si colaboraba se mantendría la autonomía, en caso contrario –que fue la posición que adoptó el Humanismo- se intervendría la Universidad, lo que ocurrió y dio origen a la denominada noche de “los bastones largos”, con la expulsión de un gran número de profesores e investigadores científicos, muchos de los cuales se trasladaron al extranjero. Además mis primeros pasos políticos en la Democracia Cristiana me convencieron que la lucha por implementar en el país los principios de la doctrina social de la Iglesia –ampliados en la Encíclica Mater et Magistra del Papa Juan XXIII, en los trabajos del Concilio Vaticano II y de Pablo VI- se canalizaban por el justicialismo.
Por último, me impresionó advertir la importancia de la creciente violencia política en los claustros universitarios. Una experiencia imborrable fue la de un primer enfrentamiento armado entre simpatizantes de la derecha política nucleados en el movimiento Tacuara y los de izquierda, adherentes al MUR, cerca del bar de planta baja, en donde había estado minutos antes de dejarlo para concurrir a una clase, y en el cual falleció por una bala perdida una estudiante. Más tarde, algunas reuniones del MHD –Movimiento Humanista de Derecho- tuvimos que manejarlas ante grupos armados, de derecha e izquierda, maniobrando políticamente para evitar que en un pequeño local cerrado se utilizaran armas y se produjera una carnicería. Los argumentos que aducían los partidarios de la violencia, incluso varios de extracción social cristiana, me permitió anticipar riesgos que implicaría no consensuar una solución democrática que incluyera al justicialismo.
Ello fue más evidente a medida que transcurría la década de los ’60, cuando se agudizó el debate en el seno del justicialismo, y fuerzas afines, incluyendo sectores de la Iglesia Católica, acerca de la viabilidad de acudir a la violencia política contra el gobierno militar. Hacia fines de esa década, fui invitado a una amplia reunión de dirigentes o simpatizantes del justicialismo, en el predio de alguna congregación de la Iglesia (no recuerdo cual), en la que participó entre otros el entonces progresista obispo (ordenado por el Papa Juan XXIII) –y luego cardenal primado- Antonio Quarracino, en donde los partidarios de la lucha armada hicieron valer razones en línea a las que sostenían los montoneros. Recuerdo especialmente esa reunión, por el gran número de asistentes y porque la dirigencia que se nucleó en la juventud peronista ya se dividió entonces entre los partidarios de la lucha armada para la “patria socialista” y los que nos opusimos, manteniéndonos en la acción política partidaria (cabe recordar los documentos que estos últimos produjeron para la denominada Multipartidaria y la Hora del Pueblo). La violencia armada tuvo manifestaciones importantes en el “Cordobazo”, que hirió de muerte al gobierno de Onganía y que llevó al ejército a deponerlo en junio de 1970, a favor del Gral. Levingston y, más tarde del Gral Alejandro Lanusse. Sin embargo, como es bien conocido, Juan Perón desde su exilio en Madrid alentó las dos tendencias: la lucha armada, llevada a cabo por las llamadas “formaciones especiales”, o las soluciones políticas alentadas por los sindicatos y sectores partidarios del justicialismo. En el marco de la Constitución Nacional reformada en el gobierno de Lanusse en el año 1972, se desembocó finalmente en elecciones libres en las cuales se impuso el justicialismo (en donde convergieron aquellas dos tendencias) en un frente bajo el nombre de FREJULI.
Los artículos publicados y que he seleccionado para este sitio web, fueron escritos a partir de 1974, durante la última presidencia de Juan Perón –luego de la renuncia del presidente Héctor Cámpora y del interinato de Raúl Lastiri- y de su sucesora, como parte del referido debate interno que continuó en el seno del justicialismo y de su juventud, entre los partidarios de la lucha armada y los sectores que nos opusimos a ella, en particular porque dicha vía dejó de tener justificación cuando decidió enfrentar a un gobierno elegido democráticamente.
Al momento de escribirlos trabajaba como secretario letrado de la Procuración General de la Nación, y era profesor de derecho constitucional en las cátedras de Bidart Campos y de Arturo Enrique Sampay, uno de los intelectuales de mayor formación que conocí (no sólo en el derecho, sino en economía y filosofía), quien fuera inspirador y redactor de la Constitución justicialista de 1949, hasta que al caer en desgracia el gobernador de Buenos Aires (y número dos del GOU, la logia que entronizara a Juan D. Perón en los gobiernos militares de 1943) debió huir del país y exiliarse en varias naciones cercanas. En 1973 se había transformado en un hombre de la izquierda de la Iglesia Católica, simpatizante de los montoneros. En esos años Sampay escribió dos obras de gran trascendencia: una recopilación de documentos esenciales para comprender las instituciones argentinas, con un extenso Prólogo suyo que los explicaba en función de los hechos acaecidos y la ideología que los sustentaban; y otra denominada “Constitución y pueblo”, que partiendo de su matriz conceptual aristotélico-tomista fundaba una revolución social de índole popular, en línea con los sectores radicalizados del peronismo.
Por mi lado, en los artículos seleccionados, analicé algunas salidas institucionales para los graves acontecimientos que se vivían en nuestro país y en el seno del justicialismo, propugnando una reforma constitucional basada en el acuerdo de los partidos, tal como lo delineara el presidente Perón con el principal dirigente opositor y jefe de la UCR, Ricardo Balbín, hacia fines de 1973. Así, lo indicaba en los artículos publicados en “El Cronista Comercial” –uno lleva como título “Acerca del tema y metodología de la futura reforma de la Constitución. Del acuerdo de San Nicolás al acuerdo de los partidos políticos”- que implicaba abandonar la idea de restaurar la vigencia de la Constitución de 1949, ya superada por los cambios que había sufrido el mundo desde la década de los ’40 –así se sostenía en el artículo “La Constitución de 1949 y las nuevas circunstancias históricas”- a la vez que en se advertía un mundo que tendía hacia el universalismo (que llamaríamos hoy “la globalización”) pasando por el continentalismo y la unidad latinoamericana, como se aprecia en un comentario al discurso del presidente Perón del 1º de mayo de 1974 (en el que rompe definitivamente con la alternativa insurreccional de los montoneros y sus aliados), denominado “La temática de la liberación nacional como probable contenido de la reforma constitucional”.
El propietario y jefe de la redacción de “El Cronista Comercial”, Rafael Andrés Perrotta –detenido y desaparecido en el golpe militar de 1976- quien facilitó a este joven académico publicar trabajos en un medio periodístico de importancia en ese momento, y al que siempre he quedado agradecido (más aún, atendiendo a la persecución y muerte sufrida por sus ideas progresistas), me comentó acerca que mis trabajos se dirigían a la posibilidad que el legado de Perón –todavía en vida y como presidente- fuese un nuevo orden constitucional que lo sucediera.
No fue así, dado el caos desatado a su muerte entre las distintas facciones del justicialismo, durante la presidencia de su esposa que no estaba, de ningún modo, preparada para conducir al país en esas especiales circunstancias. Sin embargo, todavía en el año 1975, publiqué en la revista “Criterio” dos artículos, que también he seleccionado para este sitio web, uno de ellos “Hacia la búsqueda de un nuevo acuerdo constitucional”, en el que enmarqué las posiciones adelantadas con relación al documento “Iglesia y Comunidad Nacional”, que diagnosticaba una “crisis del estado de derecho”, que yo veía como una “crisis de nuestro sistema constitucional”, cuyas causas históricas resumía, y la solución excedía a simples “salidas políticas”, para que el diálogo político fuese también económico y social. Y en otro artículo de ese mismo año, realicé un estudio comparado de “La problemática de la propiedad en los sistemas constitucionales” (cuando el comunismo era una realidad vigente en la mitad del mundo), el cual concluye en que las tres áreas que se reconocen para la propiedad, privada, social y estatal, obligan a determinar los alcances de la intervención estatal y los límites compatibles con los valores de libertad y justicia. Tales trabajos fueron proseguidos, en el enlace entre la Constitución y la economía, en un artículo denominado “Planificación y Constitución”, publicado en una revista del Instituto de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho, en el año 1975.
Ese período de debate político e institucional, aunque también de fuertes luchas por imponer un modelo socialista no aceptado por el gobierno constitucional ni por el justicialismo mayoritario, como tampoco por la sociedad argentina democrática, fue interrumpido por el último golpe militar de marzo de 1976. También en este caso tuve ocasión de conocer anticipadamente la planificación militar que se realizaba desde el año 1975, al tener dos reuniones con el Tte. Gral. Rattenbach, principal ideólogo de la rama liberal antiperonista del Ejército. En la segunda conversación Rattenbach me definió que las fuerzas armadas tomarían el poder, y se habrían de enfrentar a las formaciones especiales, como a “un enemigo que combate sin verdad y sin justicia, se lo combate a su vez sin verdad y sin justicia”. Esa frase, que me impresionó profundamente al escucharla, resume en pocas palabras lo que fue el sustrato ideológico del cruel terrorismo de Estado que se abatió en el país en el año 1976, suprimiéndose todo vestigio del Estado de Derecho –nuestro sistema constitucional en primer término, y proscribiéndose todo tipo de actividad política o sindical- durante muchos años. En mi caso, me consideré un autoexiliado en el país; renunciando a mis funciones en la Procuración General de la Nación, aunque manteniendo alguna actividad académica en la Universidad de Buenos Aires, por pedido de Bidart Campos y Carlos Floria, al que fuí inicialmente reacio ante la pérdida de mi otro maestro, Arturo Sampay, quien siendo una vez más privado de su cátedra por mandato de las autoridades militares, quebrantada su salud por las circunstancias del nuevo golpe que vició con especial intensidad en su ciudad La Plata, padeció un cáncer que llevó a su fallecimiento en 1977. Recién al finalizar esos gobiernos militares reanudé la elaboración y publicación de trabajos, como explico en la introducción a la etapa siguiente.
Buenos Aires, enero de 2018.
Alberto M. García Lema.
